La Constitución Española es la herramienta fundamental del ordenamiento jurídico español. En esta convulsa semana de resaca postreferendum está cobrando especial protagonismo la invocación de su artículo 155. Se trata de mecanismo legislativo a disposición del Gobierno que lo legitimaría para el control de la actividad de una Comunidad Autónoma o región al objeto de acatar el sometimiento a la constitución y ordenamiento jurídico.

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Policia Nacional Cataluña

Casos en los que se entraría en vigor el artículo 155
1. Si la comunidad no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan.
2. En el caso que actuare de forma que atente gravemente al interés general de España.

Cómo se aplica
El punto de partida es el momento en el que Tribunal Constitucional suspendió las “pseudoleyes”  sobre el referéndum y transitoriedad jurídica aprobadas por el Parlamento de Cataluña. Después de este momento se plantean otras consecuencia legales como la puesta en marcha del 155 cuyas consecuencias tienen un carácter inédito e imprevisible ya que carecemos de referente anterior alguno.

El primer paso para su ejecución lo debería dar Mariano Rajoy pidiendo a Presidente de la Generalidad de Cataluña que deponga su actitud. Esto se haría vía oficial mediante un requerimiento a Carles Puigdemont, conminando al cumplimiento de sus obligaciones e incitando a que deje de actuar de tal modo.
El punto de inflexión llegaría con la negativa de éste a acatar las normas, mostrando su disposición de continuar con sus acciones. Desde este momento se podrían adoptar las medidas necesarias para “obligar” a dicha comunidad al “cumplimiento forzoso” de las leyes estatales.

Llegaría la hora en la que Mariano Rajoy presente, para su aprobación en el Senado, las medidas concretas que pretenda llevar a cabo en Cataluña y recordemos que en este órgano constitucional el Partido Popular tiene mayoría absoluta.
Una vez aprobadas, se debatirían en la Comisión General de Comunidades Autónomas pidiendo a su vez al Sr. Puigdemont que presente las alegaciones que considere oportunas. Finalmente se votaría en el Pleno y se legitimaría su entrada en vigor.
Como se puede extraer, su puesta en marcha es en cierto modo compleja, impredecible y qué decir sobre su inmediatez o celeridad… Se habla de la posibilidad de suspensión de la autonomía y de la Generalidad. Sin embargo, este punto entraría en conflicto con el artículo 2 de la C.E. donde se “garantiza la autonomía de las Comunidades autónomas”. Sí se podrían suspender determinadas funciones, pero cabe por ver la forma y el modo dada la inviolabidad de las cortes parlamentarias.
Es fácil predecir un futuro incierto donde tan solo los hechos y la historia nos darán la respuesta.